El PP local de Badajoz presenta una moción instando al Gobierno de España a legislar “urgentemente” en contra de la ocupación ilegal de viviendas

  • El edil popular, Jaime Mejías, señala que se debe dotar de “mecanismos” legales a FCSE y a la Justicia para proteger los derechos de los propietarios ante la injusticia social de ver ocupada su vivienda habitual, “pues es un hecho que no diferencia los muchos o pocos recursos recursos económicos de los legítimos propietarios de una casa que pueden verse en la calle sin herramientas eficaces y rápidas para recuperar la vivienda de su familia”

24, julio, 2020.- El concejal del PP local de Badajoz, Jaime Mejías, ha presentado esta mañana en rueda de prensa una moción en la que el Partido Popular insta al Gobierno de España a legislar “urgentemente” en contra de la ocupación ilegal de viviendas.

Mejías ha subrayado que el PP “no va a permanecer de brazos cruzados ante la injusticia que supone que una familia se ve obligada a estar en la calle porque alguien a ocupado su vivienda habitual de forma ilegal, un hecho que cuando ocurre no tiene en cuenta los recursos económicos que pueda tener la familia que se ve expulsada de su casa por una ocupación ilegal”.

Así el PP de la ciudad de Badajoz pide en su moción que el Gobierno establezca, mediante Ley, los mecanismos para que tanto las FCSE como la justicia tengan herramientas para actuar en defensa de los derechos de los propietarios, que haya “mecanismos legales que regulen y penalicen la ocupación ilegal de viviendas”.

Jaime Mejías ha manifestado la “preocupación del PP ante este fenómeno del que nadie está a salvo, pues no es una cuestión de renta o recursos”, y ha recordado que el Artículo 33 de la Constitución señala que “…Se reconoce el derecho a la propiedad privada . … Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”

Por lo tanto, “y a nivel jurídico, y tal y como reconoce la Carta Magna, el Gobierno de España no puede legislar protegiendo a los okupas y anulando los derechos de los propietarios de las viviendas”, a lo que Mejías ha añadido que “a nivel social, consideramos una injusticia y un despropósito permitir y defender la “okupación”. Si a un individuo le roban el vehículo, la motocicleta o el bolso, la policía tiene facultades y herramientas jurídicas en el acto para actuar contra el ladrón y devolver las posesiones a su propietario, amén de las penas que a posteriori imponga el poder judicial. ¿Por qué entonces no se actúa igual con la usurpación de la vivienda? ¿Es acaso menos importante que un coche o un bolso?”.

En adición, el Gobierno de España ha publicado una resolución en abril de este año, en la que indica que el empadronamiento de individuos en infraviviendas será aceptado independientemente de las controversias sobre la titularidad de la vivienda, siendo también irrelevante las circunstancias higiénico – sanitarias , físicas o de otra índole que afecten al domicilio. Por último esta resolución señala que se considerará infravivienda: chabolas, caravanas , cuevas o incluso ausencia total de techo , siendo todos estos supuestos domicilios válidos ante el padrón municipal, lo que en opinión del PP badajocense es “completamente inadmisible”.

DATOS DE OKUPACIÓN ILEGAL

El fenómeno de la ocupación ha crecido en los 2 últimos años en torno a un 35 %, y se estima que a día de hoy en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. Y esta cifra, gracias al colaboracionismo del Gobierno de España, no para de crecer día a día.

Extremadura no es ajena a este fenómeno creciendo hasta 285 los casos. En la ciudad de Badajoz tenemos casos de ocupaciones de edificios completos en San Roque, Camino Viejo de San Vicente, Suerte de Saavedra, y La Luneta. También se están dando múltiples casos de segundas residencias vacacionales, en lugares muy populares de estancias vacacionales entre los extremeños: La Antilla, Isla Canela, Punta Umbría o Cádiz.

Y a todo esto hay sumar la inestabilidad social que genera allá donde se ocupe una vivienda, donde nacen o crecen los enfrentamientos vecinales. Genera así un peligroso clima de enfrentamiento entre vecinos, donde los vecinos que sí se encuentran viviendo en sus hogares con toda la documentación en regla temen que esas ocupaciones ilegales traigan a sus casas situaciones de peligro e indefensión, como así nos encontramos, casi a diario, en los medios de comunicación.

ACUERDO DE PLENO

Esto es un enorme problema al que se enfrenta nuestra sociedad, y el Partido Popular no va a permanecer con los brazos cruzados”, ha afirmado Mejías, por lo que el Grupo Municipal Popular de Badajoz propone al pleno, vía mociòn, para que se adopte el un acuerdo para instar al Gobierno de España a incluir el delito de usurpación en el Código Penal español. Y que dicho delito conlleve aparejadas penas de 1 a 3 años de prisión.

Además, que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda en menos de 48 horas; prohibir a los Ayuntamientos el empadronamiento de “okupas”. La solicitud de empadronamiento debe adjuntar la correspondiente escritura, libro de familia o bien el correspondiente contrato de alquiler. Un inmueble “okupado” no puede tener nunca la consideración de morada o domicilio; dar facilidades a las comunidades de vecinos para actuar ante los tribunales de justicia; y que los propietarios que sean personas jurídicas puedan también defender sus derechos de propiedad y actuar contra la ocupación.

By | 2020-07-24T10:55:06+00:00 julio 24th, 2020|Tags: , |0 Comments

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