El PP de Badajoz presentará en los ayuntamientos de la provincia una moción instando al Gobierno a garantizar la autonomía que Constitución y leyes otorgan a las entidades locales para gestionar de sus propios recursos

13, mayo, 2020.- El PP de Badajoz, a través de sus representantes municipales, presentará en todos los ayuntamientos de la provincia una moción instando al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus propios recursos.

Los populares defienden que los principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.

Asimismo, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), señala que “la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban”.

Pero, actualmente se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y de gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como sus diferentes fuentes de financiación, por varios motivos, entre ellos que el Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, y que está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias según se pudo conocer a través de la prensa.

Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos 8 años por las EE.LL.

 

Esta noticia se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la Ministra de Hacienda el 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para «cubrir aquellos que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública«.

 

En este sentido el PP quiere dejar claro que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera vincula a todos los poderes públicos, pero que solo las corporaciones locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.

 

Estos superávit se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de los consistorios, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.

 

En esta moción el PP defiende que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de CC.AA. y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.

 

Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de formación, etc.

 

Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a ayuntamientos y CC.AA. los ingresos que les corresponden por ley, el IVA de diciembre de 2017 impagado, y que ha conseguido el gran «logro» de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012.

 

PROPUESTA DE ACUERDO

 

Por todo, el PP lleva a los propios ayuntamientos una moción en la insta al Gobierno de España a no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las EE.LL vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor.

 

También se quiere lograr un acuerdo municipal para instar al Gobierno de Sánchez a respetar y garantizar la autonomía que Constitución y leyes dan a los consistorios para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto; flexibilizar las reglas para que puedan utilizar sus superávits para implementar los servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con CC.AA. y el Estado; que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados; y a cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril de 2020, en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno, y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las EE.LL.

By | 2020-05-13T13:46:43+00:00 mayo 13th, 2020|Tags: , |0 Comments

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