El Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad de la ley de Emergencia Social de la Vivienda por sus claros visos inconstitucionales

Critica que la Junta esté más interesada en el ruido mediático que en acabar con los desahucios

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha anunciado la presentación de una enmienda a la a la totalidad de la ley de Emergencia Social de la Vivienda por contener claros visos de inconstitucionalidad, como sucedió con el decreto andaluz de medidas para asegurar la función social de la vivienda. El portavoz de Vivienda del GPP, Saturnino López, ha afirmado que el proyecto normativo “ve la luz un año más tarde de lo previsto”, ya que estaba programada para su aprobación en 3 meses, y que entra en la Asamblea con “un descarado corta-pega” de la ley andaluza.

Para el GPP, al gobierno del señor Vara le importa más el ruido mediático y enfrentarse con el gobierno central que acabar de forma efectiva con la lacra de los desahucios. Según el portavoz ‘popular’ de Vivienda, la Junta debería centrarse en efectuar los cambios necesarios para que la ley sea constitucionalmente válida y que, de una vez por todas, resuelva los problemas de los desahuciados. El PP ha advertido de que “estamos ante una clara estrategia populista y podemizante” en la que interesa más la generación de problemas donde no los había que la resolución de los mismos.

Los antecedentes del Consejo de Estado sobre un decreto ley que tiene recomendaciones negativas no han servido a la Junta de Extremadura, que ha presentado un texto con los mismos defectos que la propuesta del Ejecutivo andaluz. Concretamente, el proyecto contempla la expropiación a bancos de las viviendas desahuciadas, que al igual que el decreto de Andalucía, será recurrido por el gobierno central y suspendido cautelarmente.

En torno a esta ley, el GPP ha afeado que se haya vendido por entregas la puesta en marcha de una red de oficinas de intermediación bancaria para prevenir y conciliar en los procesos de desahucio y que, según se dijo, estaría compuesta por veinticuatro oficinas comarcales a lo largo y ancho de Extremadura.  Saturnino López ha subrayado que esta red, cuyo presupuesto inicial se ha recortado de los 1,2 millones de euros contemplados en los PGEX2016 a 400.000 euros, no ha destinado un solo euro al reconocimiento de obligaciones y pagos.

De la misma manera, el GPP ha criticado se haya “vendido por fascículos” el Observatorio de la Vivienda, que en teoría tenía el cometido de gestionar correctamente el parque de viviendas propiedad de la Junta de Extremadura y obtener información fiable y actualizada de los inmuebles. Este observatorio también ha sufrido recortes en el presupuesto,  pasando de los 600.000 euros con los que estaba dotado a los 320.000 euros actuales, como refleja el informe de ejecución.

Desahucios y colocaciones

Asimismo, una tercera herramienta complementaria a la ley de emergencia social de la vivienda, como es el Protocolo de Desahucios y Lanzamiento de Viviendas Propiedad de la Junta de Extremadura, sigue siendo el espacio donde se deciden los desahucios que se suceden en las barriadas de Suerte de Saavedra, Colorines, Aldea Moret e incluso los tres desahucios que ya se han decidido en Fuente del Maestre. “Ahora la secretaria general de Arquitectura y Vivienda intenta camuflar los desahucios con eufemismos tan ridículos como recuperación de espacios públicos”, ha aseverado López.

El portavoz de Vivienda del GPP ha explicado que, tanto la gestión de la red de intermediación bancaria como el observatorio de la vivienda, han sido encomendados a la empresa pública Gisvesa. Ésta, a su vez, ha subcontratado los procesos de selección del personal. “Tenemos datos que nos hacen temer que el gobierno del señor Vara ha vuelto a las andadas”, dando cobijo a una lista de ex alcaldes, ex concejales y ex diputados que no tuvieron cabida en las últimas elecciones, ha apostillado.

 

 

By | 2017-01-26T13:08:31+00:00 octubre 11th, 2016|Tags: , , |0 Comments

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